Curas en la ética política

Para estudiar ética o incluso para utilizar sus derivaciones morales, lo mejor tal vez no fuera la formación de un comité. Los comités desarrollan eficazmente funciones de diversa índole, pero encargar a un comité que recomiende la atención compasiva a un agonizante, de acuerdo a la deontología médica, la doctrina de la Iglesia, el deseo sedativo de la familia y el albedrío previamente expresado del paciente se antoja cuanto menos una petición difícil de cumplir.Ante la palabra agonía surge inmediatamente, sobre todo en los medios sociales más alertas, la palabra eutanasia, por lo que no sorprende que nuestras autoridades religiosas procuren que la muerte responda más la voluntad exclusiva de la Providencia que a la del ser humano. Y ahí debe estar la etiología de un convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid, es decir, el arzobispado, sobre asistencia religiosa en los centros hospitalarios públicos. Se firmó el documento el pasado día 2 de enero «en el marco de la Constitución española».
Y en uno de sus apartados se conviene en que «el Servicio de Asistencia Religiosa Católica, a través de sus legítimos representantes, formará parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinario de Cuidados Paliativos». Se trataría, en suma, de evitar o, al menos, intentarlo, casos de eutanasia, en lo referente a cuidados paliativos, y de vigilar que las prácticas abortivas no excedan los límites que marca la ley. Bien es cierto que las opiniones del Comité Ético no son vinculantes para el médico, pero también es cierta la fuerza disuasoria de una opinión ética emanada de un comité con presencia eclesiástica. Y estas situaciones, donde la deontología clínica y la moral católica no tienen que coincidir totalmente, dentro de su normal concordancia, pueden dar lugar, por emplear un galicismo, a episodios graves, como el sucedido en un hospital de la provincia de Madrid, en el que un médico jefe fue cesado por el gobierno de la Comunidad bajo la acusación de prácticas sedativas a enfermos terminales contrarias a la ley. La Justicia absolvió al médico mucho tiempo después de haber sufrido el daño, pero el gobierno de Esperanza Aguirre ha ignorado la sentencia. A los espíritus más liberales, en el buen sentido del término, y a la oposición de izquierda, PSOE e IU, les ha soliviantado el afloramiento de esta noticia, la del convenio por el que representantes de la Iglesia van a vigilar en los hospitales públicos agonías y embarazos, y piensan recurrir el acuerdo ante los tribunales ordinarios, exigiendo al mismo tiempo al gobierno madrileño que elimine el dichoso apartado antes de aplicar el dogmatismo y el fundamentalismo que encierra. Nadie ha criticado la asistencia religiosa a los enfermos en los centros sanitarios públicos, que está recogida en minuciosos acuerdos bilaterales, pero no la extensión de esa asistencia hasta un Comité de Ética, que a la ética no se le hubiera ocurrido crear.

Federico Abascal