domingo, 27 de abril de 2008

Curas en la ética política



Para estudiar ética o incluso para utilizar sus derivaciones morales, lo mejor tal vez no fuera la formación de un comité. Los comités desarrollan eficazmente funciones de diversa índole, pero encargar a un comité que recomiende la atención compasiva a un agonizante, de acuerdo a la deontología médica, la doctrina de la Iglesia, el deseo sedativo de la familia y el albedrío previamente expresado del paciente se antoja cuanto menos una petición difícil de cumplir.Ante la palabra agonía surge inmediatamente, sobre todo en los medios sociales más alertas, la palabra eutanasia, por lo que no sorprende que nuestras autoridades religiosas procuren que la muerte responda más la voluntad exclusiva de la Providencia que a la del ser humano. Y ahí debe estar la etiología de un convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid, es decir, el arzobispado, sobre asistencia religiosa en los centros hospitalarios públicos. Se firmó el documento el pasado día 2 de enero «en el marco de la Constitución española».
Y en uno de sus apartados se conviene en que «el Servicio de Asistencia Religiosa Católica, a través de sus legítimos representantes, formará parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinario de Cuidados Paliativos». Se trataría, en suma, de evitar o, al menos, intentarlo, casos de eutanasia, en lo referente a cuidados paliativos, y de vigilar que las prácticas abortivas no excedan los límites que marca la ley. Bien es cierto que las opiniones del Comité Ético no son vinculantes para el médico, pero también es cierta la fuerza disuasoria de una opinión ética emanada de un comité con presencia eclesiástica. Y estas situaciones, donde la deontología clínica y la moral católica no tienen que coincidir totalmente, dentro de su normal concordancia, pueden dar lugar, por emplear un galicismo, a episodios graves, como el sucedido en un hospital de la provincia de Madrid, en el que un médico jefe fue cesado por el gobierno de la Comunidad bajo la acusación de prácticas sedativas a enfermos terminales contrarias a la ley. La Justicia absolvió al médico mucho tiempo después de haber sufrido el daño, pero el gobierno de Esperanza Aguirre ha ignorado la sentencia. A los espíritus más liberales, en el buen sentido del término, y a la oposición de izquierda, PSOE e IU, les ha soliviantado el afloramiento de esta noticia, la del convenio por el que representantes de la Iglesia van a vigilar en los hospitales públicos agonías y embarazos, y piensan recurrir el acuerdo ante los tribunales ordinarios, exigiendo al mismo tiempo al gobierno madrileño que elimine el dichoso apartado antes de aplicar el dogmatismo y el fundamentalismo que encierra. Nadie ha criticado la asistencia religiosa a los enfermos en los centros sanitarios públicos, que está recogida en minuciosos acuerdos bilaterales, pero no la extensión de esa asistencia hasta un Comité de Ética, que a la ética no se le hubiera ocurrido crear.


Federico Abascal

Salud también para el medioambiente

Los grandes hospitales urbanos pueden generar más de dos millones de toneladas de residuos cada año y consumen una media energética que alcanza los 15 millones de euros. El problema derivado del manejo y la disposición de los desechos plantea la necesidad de centros que puedan gestionar sus residuos biosanitarios de forma autónoma, así como adecuar su actividad a prácticas de eficiencia energética.

La separación, recogida y traslado de los residuos sigue un proceso protocolizado y establecido en una legislación, pero no existe ninguna ley nacional o europea específica para los residuos sanitarios.
En la mayoría de las clínicas y hospitales, el tratamiento y la gestión de los residuos hospitalarios consisten en desecharlos todos juntos: papeles de la recepción, materiales de cirugía, medicamentos… para luego quemarlos en incineradores. La Agencia de Protección Ambiental de EEUU identificó este mecanismo de eliminación de desechos como principal fuente de emisión de toxinas, mercurio, plomo y otros contaminantes del aire que amenazan la salud humana y el medio ambiente.
Otros centros optan por disponerlos como residuos comunes, es decir, que se entregan a los servicios urbanos de recolección y acaban en vertederos abiertos, lo que pone en riesgo de contagio a las personas que buscan entre la basura.
La Unión Europea trabaja en una directiva sobre la emisión de gases procedentes de la incineración de residuos peligrosos a través del establecimiento de unos límites muy estrictos en cuanto al tipo de hornos y a la eficacia de los equipos de limpieza de gases. Para cumplir estos límites es necesario instalar incineradores de tecnología moderna, dotados de un horno específico y de un sistema de lavado de gases de alta eficiencia. Una instalación técnicamente muy sofisticada que requiere una explotación y un mantenimiento especializados. La correcta gestión de los residuos sanitarios permite disminuir el riesgo hacia la salud y el medio ambiente pero resulta bastante más caro que la eliminación de los desechos comunes. Esta es una de las razones por la que los centros sanitarios deben plantearse la necesidad de minimizar la producción de residuos, y así disminuir los costes y optimizar los procesos.
El ahorro energético se ha convertido en otra de las prioridades de las Administraciones ya que tienen que cumplir la legislación vigente de eficiencia energética. Para ello, juegan un papel importante las nuevas tecnologías, los productos ecológicos y aquellos con un ciclo de vida más largo que están apareciendo en el mercado sanitario. Los LEDS, son un ejemplo. Un tipo de luz que consume cinco veces menos y dura 10 veces más que las halógenas, su reciclaje es una buena forma de eliminar las emisiones de mercurio y de reducir los residuos y la disposición de material tóxico. El uso de gas natural en vez de gasóleo, el aprovechamiento de la condensación de los equipos de aire acondicionado o la compra de equipos energéticamente eficientes, son otras de las prácticas ambientales que pueden llevarse a cabo en los centros hospitalarios.
Las decisiones de compra de los hospitales cumplen un papel muy importante, tanto manera directa como indirecta, en la salud ambiental. Estas decisiones influyen sobre la forma en que se producen los alimentos, la manera en que son empaquetados, consumidos y descartados. Es lo que se denomina la alimentación ecológica, que también se da en los hospitales, que respeta el medio ambiente, es viable a nivel económico y responsable a nivel social.
La política ambiental de hospitales, clínicas y centros de salud requiere de importantes cambios y la introducción de medidas para optimizar sus recursos y producir energías menos contaminantes. Minimizar la cantidad y toxicidad de residuos, reducir el consumo de electricidad y adoptar políticas para el empleo de productos, materiales y químicos más seguros es la garantía de un sector que no sólo vela por la salud de las personas, sino también por la del mundo en el que viven. Que el termómetro de mercurio deje paso al eléctrico.




Rocío Ruiz Calero

martes, 8 de abril de 2008

El lucrativo mito de los niños hiperactivos


El síndrome de hiperactividad está de moda. ¿Quién no tiene en su familia un niño o conoce a alguno diagnosticado como hiperactivo que toma metilfenidato por prescripción médica? A primera vista, el hecho de detectar una enfermedad y de tratarla puede resultar positivo, pero la realidad es más compleja de lo que parece.


El síndrome de hiperactividad o TDAH (Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad) no es una enfermedad. Son enfermedades las dolencias con una base biológica real, con un problema físico objetivamente comprobable, como, por ejemplo, un proceso infeccioso o degenerativo. En cambio, no existe patología orgánica subyacente al TDAH, por lo que su diagnóstico se basa sólo en la observación del comportamiento del niño, de ciertas pautas de conducta consideradas anormales o inapropiadas, como falta de atención, facilidad para distraerse, impulsividad, labilidad emocional, desobediencia y problemas de adaptación social. Por eso se cataloga como síndrome, un conjunto de síntomas que parecen tener cierta identidad, porque aparecen a la vez, pero que pueden tener orígenes distintos.
¿Es culpable la genética?
Como era de esperar, quienes defienden su carácter de enfermedad intentan demostrar el trasfondo fisiológico –sin éxito– y repiten machaconamente que la prevalencia en la población infantil es de un 8%, y que, si bien su origen se desconoce aún, no se debe a problemas ambientales, familiares o sociales, sino que es altamente genético y surge por un mal funcionamiento de neurotransmisores –dopamina y noradrenalina– en la parte frontal del cerebro, la encargada de la función ejecutiva.
Todas estas afirmaciones entran en el terreno de lo hipotético, e incluso el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, la Biblia de los psiquiatras) reconoce que no se han establecido pruebas de laboratorio o evaluaciones neurológicas que resulten diagnósticas. Debido a la ausencia de valoración objetiva, ésta se establece a partir de la conducta del niño, con toda la subjetividad que esto conlleva. Es posible que ciertas características genéticas contribuyan al síndrome en algunos casos, pero eso no significa que sean su causa, sino que se suma cierta predisposición genética (temperamento nervioso, por ejemplo) a un entorno y aprendizaje poco apropiados.
Al no ser el TDAH una enfermedad, ¿cómo justificar la prescripción de fármacos? Si la causa es en su mayor parte de carácter ambiental, la solución también deberá moverse en este ámbito. El metilfenidato, el medicamento que suele recetarse, es un estimulante emparentado con las anfetaminas que aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina y genera notables efectos en todo el organismo. Si los beneficios para los niños diagnosticados con TDAH consisten en que facilita concentrar la atención en las tareas que están realizando, no estamos ante nada nuevo: este tipo de drogas siempre se ha tomado con este fin, como saben mejor que nadie los estudiantes.
A pesar de todo lo dicho, muchos médicos siguen reiterando que el TDAH es una enfermedad infradiagnosticada y los medios continúan difundiendo tal afirmación. Esta violación de los principios de la buena ciencia –y probablemente de la ética– puede tener su razón de ser en el lucrativo negocio que supone la industria farmacéutica, que ha experimentado un espectacular aumento en las ventas de metilfenidato en los últimos años. Podríamos estar ante otro caso del fenómeno conocido como tráfico de enfermedades (‘disease mongering’), tratado por el médico Antonio Palomar en el número 15 de DIAGONAL (“Cómo nos convierten en pacientes”) y por Miguel Jara –autor del libro Traficantes de Salud– en el número 29 (“Enfermedades inventadas que abren mercados”). El alemán Jörg Bloch ha aportado al tema que nos ocupa la obra Los inventores de enfermedades, en la que cuenta que nunca antes se había mantenido el mito del niño hiperactivo con tanta pasión como en la actualidad, y que las empresas farmacéuticas y algunos neurólogos han trabajado durante décadas para presentarnos a los pequeños inquietos y con dificultades de concentración como personas enfermas que necesitan tratamiento farmacológico. No obstante, la red no se limita a médicos y fabricantes de medicamentos, sino que en algunos países los pedagogos son un sector muy codiciado por este lobby sanitario. De hecho, en EE UU las escuelas reciben una subvención de 400 dólares por cada ‘paciente’ detectado, se supone que para compensar los gastos ocasionados por los escolares especialmente molestos.


Juan Carlos Ruiz Franco


Periódico Diagonal